El fin de las PASO: quién gana, quién pierde, y el tablero provincia por provincia

Qué está en danza

Hay una coincidencia incómoda en el debate por las PASO: el kirchnerismo que las creó en 2009 y el gobierno de Javier Milei que hoy busca eliminarlas comparten, por motivos opuestos, la misma conclusión — el diseño no funcionó como se prometió. Néstor Kirchner las impulsó para "democratizar" los partidos. Quince años después, la propia evidencia oficial muestra que la enorme mayoría de las agrupaciones las usó como un trámite, no como una elección real.

El proyecto de reforma electoral que envió el Poder Ejecutivo el 22 de abril de 2026 propone eliminarlas de manera definitiva. A esta altura del año está frenado en el Senado, sin los votos garantizados, y la negociación avanza tanto en el recinto —con cada bloque y cada senador— como en el diálogo del Ejecutivo con los gobernadores. Esta nota recorre qué son las PASO, cómo se usaron en los hechos desde 2011, quién se benefició realmente con ellas, y cómo se dibuja el mapa político en las 24 jurisdicciones del país de cara a 2027.

Qué son las PASO, y el mito de la interna real

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias nacieron con la Ley 26.571, sancionada el 2 de diciembre de 2009. El nombre lo dice casi todo: abiertas, porque vota cualquier ciudadano, sin necesidad de estar afiliado a ningún partido; simultáneas, porque todo el país vota el mismo día; y obligatorias, no solo para el elector, sino también para las agrupaciones políticas — incluso aquellas que se presentan con una sola lista están, técnicamente, "compitiendo" en una primaria sin competencia.

Ahí está la primera letra chica del sistema: el artículo 19 de la ley fija que solo pasan a la elección general las fuerzas que superan el 1,5% de los votos válidos del distrito en las primarias — un filtro real, que sí cumplió su función de sacar de competencia a espacios sin sustento electoral. Pero la otra cara de la moneda, la de la "interna abierta" que definiría candidaturas por el voto popular, tuvo un desempeño mucho más pobre.

Los números lo confirman con crudeza. Según el trabajo académico de Gerardo Scherlis y Carolina Tchintian (2023), entre 2011 y 2019 apenas el 9,68% de las alianzas presidenciales — 3 de 31 — presentó más de una fórmula en competencia real, y las tres veces fue en la misma elección, 2015. En 2011 y 2019, todas las principales candidaturas presidenciales llegaron a las PASO con lista única. A nivel legislativo, la cantidad de internas efectivamente competitivas cayó de forma sostenida: de 29 en 2011 a 56 en 2013, y de ahí en declive hasta apenas 38 en 2019, según datos de la Dirección Nacional Electoral recopilados por *La Nación*.

Los argumentos originales, y quién se benefició en la práctica

El proyecto original de 2009 se apoyó en tres objetivos declarados: democratizar la selección interna de candidatos, ordenar una oferta electoral que en la crisis post-2001 se había vuelto atomizada, y politizar a una ciudadanía que no tenía instancia de participación previa a la elección general. El entonces ministro del Interior, Florencio Randazzo, defendió la iniciativa frente a las acusaciones de la oposición —entre ellas, la de Eduardo Duhalde— de que el diseño estaba hecho a medida del kirchnerismo, de cara a una eventual candidatura de Néstor Kirchner en 2011.

La literatura académica que analizó los resultados en los años siguientes es bastante convergente en un diagnóstico: el objetivo declarado (democratizar) no se cumplió, pero el objetivo menos explícito sí. La politóloga Ariadna Gallo (CONICET/IEALC), en un estudio sobre las elecciones 2011-2017, concluye que las PASO "terminaron promoviendo la fragmentación, la inconsistencia interna y la pérdida de relevancia de los partidos", en vez de fortalecerlos. Gerardo Scherlis (UBA/CONICET) fue más directo en declaraciones a RPP Noticias: las primarias "no han ayudado mucho a democratizar los partidos", pero sí contribuyeron "a su objetivo menos explícito, que es reducir la fragmentación" en un país con más de 50 organizaciones políticas reconocidas formalmente.

Dicho de otro modo: las PASO funcionaron menos como una herramienta de democracia interna y más como un filtro de fragmentación — beneficiaron, en la práctica, a las coaliciones grandes y ya armadas, que usaban el mecanismo para mostrar unidad (compitiendo con lista única) más que para dirimir liderazgos.

La comparación regional es reveladora. Argentina y Uruguay son los únicos dos países de América Latina con primarias simultáneas y obligatorias para todos los partidos por igual. La diferencia central: en Uruguay el voto en las primarias es voluntario, con una participación histórica de apenas ~37%, muy lejos del ~90% de las elecciones generales. Chile, en cambio, adoptó en 2012 primarias voluntarias (no todos los partidos están obligados a usarlas), y Estados Unidos directamente escalona sus primarias estado por estado, sin obligatoriedad nacional uniforme. El caso argentino es, en ese sentido, un diseño institucional poco replicado en el mundo — obligatorio para el votante y para el partido por igual, incluso cuando no hay ninguna competencia real que dirimir.

El panorama actual: por qué eliminarlas ahora

El Gobierno de Javier Milei ya había conseguido, en marzo de 2025, la suspensión de las PASO nacionales para ese año electoral (Ley 27.783). El 22 de abril de 2026 fue un paso más allá: envió al Senado un proyecto de reforma electoral integral de 78 artículos que las elimina de manera definitiva, junto con cambios al financiamiento partidario, la implementación de Ficha Limpia, validación biométrica, y el endurecimiento de los requisitos para mantener la personería de un partido político.

El argumento más repetido en la comunicación oficial es el del ahorro fiscal — aunque con cifras que variaron según quién las diera: el entonces ministro del Interior, Diego Santilli, habló primero de "más de US$200 millones" y luego de "entre US$250 y US$300 millones por cada PASO"; la senadora cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas), como miembro informante de la suspensión de 2025, citó una cifra de US$150 millones; y el comunicado oficial del Poder Ejecutivo mencionó un costo de $45.000 millones para el proceso de 2023.

Pero el argumento del costo no es el único, ni probablemente el más determinante políticamente. El entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos sintetizó el argumento de fondo con crudeza: "Las PASO no sirvieron para nada… Hay partidos que sacan el 0,05% de los votos, por la familia". La senadora Vigo agregó un argumento adicional: que las PASO funcionan, en la práctica, como "una gran encuesta previa" más que como una elección real, y que la participación viene cayendo — según su cifra, hasta 10 puntos porcentuales desde la primera edición. Santilli sumó el argumento del desgaste del elector: "la gente no quiere votar cuatro o cinco veces" en un mismo año electoral.

Quién gana, quién pierde

Acá el análisis se abre en dos lecturas, sostenidas por politólogos distintos, que conviene presentar en paralelo antes que como una verdad única.

La lectura más extendida es que eliminar las PASO favorece al oficialismo de turno, especialmente a un espacio verticalista y con liderazgo consolidado como La Libertad Avanza, que no necesita el mecanismo para ordenar disputas internas propias. El politólogo Ignacio Labaqui lo resumió así: la eliminación "perjudica a la oposición porque le complica armar frentes electorales y beneficia al oficialismo si hay más fragmentación" del otro lado del mostrador — es decir, cuantas más fuerzas opositoras compitan sueltas, sin el mecanismo de las PASO para forzarlas a mostrar unidad temprana, mejor le va relativamente al espacio que gobierna.

Una segunda lectura, más matizada, señala que el peronismo —pese a ser hoy la principal oposición— también usó las PASO como herramienta de cohesión en distritos clave, en particular en la Provincia de Buenos Aires, donde las internas municipales del PJ encontraron en el mecanismo una forma de dirimir liderazgos territoriales sin fracturar la marca en la boleta general. El politólogo Andrés Malamud señaló que, de cara a 2027, el propio Gobierno buscaría que los gobernadores afines desdoblen sus calendarios electorales para poder "mechar triunfos con derrotas" a lo largo del año, una estrategia que solo tiene sentido si el peronismo, efectivamente, sigue teniendo algo que perder con la desaparición del mecanismo.

Hay, además, un tercer efecto menos comentado: el de la vidriera temprana. Las PASO le dieron a Javier Milei, en 2023, el primer dato duro de que su candidatura tenía piso electoral real — salió primero con el 29,86% de los votos, por delante de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, en un resultado que reordenó toda la campaña posterior. Sin PASO, ese mecanismo de visibilidad temprana para outsiders y fuerzas nuevas directamente desaparece — lo cual es, en sí mismo, un dato curioso para un gobierno que llegó al poder gracias a ese efecto vidriera, y hoy busca eliminarlo.

Vale un apunte de contexto histórico para no leer esto como una pulseada exclusiva de este gobierno: el intento de eliminar las PASO no es nuevo ni de un solo signo político. Mauricio Macri lo evaluó en 2018, con el argumento explícito de mantener dividido al peronismo; y durante la gestión de Alberto Fernández, gobernadores del propio PJ también impulsaron discusiones en ese sentido. La discusión sobre las PASO parece repetir, cada tanto, la misma lógica: se cuestionan más quienes están en el llano opositor, y se sostienen (o se atacan según convenga) desde el oficialismo de turno.

El estado parlamentario, hoy

Para eliminar las PASO por ley, el proyecto necesita mayoría absoluta en ambas cámaras: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios, por lo que necesita sumar al menos 16 votos ajenos — un número que, a agosto de 2026, no tiene garantizado. El proyecto quedó radicado en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el senador oficialista Agustín Coto, con una sola reunión informativa realizada hasta el momento (13 de mayo de 2026), sin dictamen.

El bloque del PRO y buena parte de la UCR —con voces como las de Carolina Losada y Maximiliano Abad— mantienen su resistencia histórica a la eliminación lisa y llana, y el kirchnerismo se opone en bloque. Ante ese escenario, gana terreno una alternativa intermedia: la suspensión de las PASO por un año más, en vez de su derogación definitiva — el mismo mecanismo que ya se usó en 2025, pero repetido, en lugar del cambio de fondo que buscaba originalmente el oficialismo.

Cómo se negocia con los gobernadores

Con los votos sin garantizar en el recinto, la negociación real se trasladó a las gobernaciones. Diego Santilli —primero como ministro del Interior, y luego como jefe de Gabinete— mantuvo reuniones bilaterales con gobernadores de distinto signo: Marcelo Orrego (San Juan, PRO), Leandro Zdero (Chaco, UCR, aliado de LLA), Gustavo Melella (Tierra del Fuego, PJ), Raúl Jalil (Catamarca, PJ), Alfredo Cornejo (Mendoza, UCR), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), entre otros. Ninguno cerró un compromiso público y definitivo — todos piden, a cambio, algo concreto.

Los incentivos que circularon en esas negociaciones incluyen autorización para que las provincias emitan bonos de deuda (el caso de San Juan), obras públicas puntuales (como la Ruta 40), la inclusión de proyectos productivos provinciales en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones —RIGI— (el proyecto de cobre Vicuña, en San Juan), y la provisión de gas para el desarrollo industrial local.

Las listas colectoras merecen una explicación aparte, porque fueron parte central de la estrategia y después se resignaron. Una colectora es una figura electoral que permite que distintos partidos, con candidatos propios en una categoría (por ejemplo, diputados provinciales), adhieran a un mismo candidato en una categoría superior (por ejemplo, gobernador o presidente) — generando un efecto de "arrastre" de votos hacia ese candidato compartido, sin necesidad de una alianza formal e integrada. Un antecedente histórico ilustra bien el mecanismo: en 2011, la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner tuvo dos colectoras compitiendo por la gobernación bonaerense al mismo tiempo — Daniel Scioli por el FPV y Martín Sabbatella por Nuevo Encuentro (ganó el primero). Las colectoras fueron reguladas por decreto durante el propio gobierno de CFK en 2011, y prohibidas por decreto durante la gestión de Macri en 2019.

El Gobierno de Milei evaluó restituir esta figura como forma de sumar a dirigentes territoriales bajo el paraguas de la candidatura de Milei sin necesidad de fusionar estructuras partidarias — pero, según reportó *La Nación* a mediados de agosto de 2026, terminó resignando el plan porque "no terminaba de convencer" a los propios aliados, y decidió concentrar todos los esfuerzos políticos en la eliminación de las PASO en sí.

El mapa provincia por provincia, de cara a 2027

El sistema electoral argentino es, en los hechos, 24 sistemas distintos funcionando en paralelo — cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires deciden su propio calendario y, en gran medida, su propio mecanismo de primarias, con total independencia de lo que resuelva el Congreso a nivel nacional. La tendencia de fondo es clara: en 2023, 18 de 22 provincias que eligieron autoridades lo hicieron en fecha distinta a la nacional; en 2025, de las 15 provincias que tuvieron elecciones, 12 desdoblaron. La única fecha 100% fija para 2027 es la presidencial-legislativa nacional: domingo 24 de octubre.

De las 24 jurisdicciones, solo un grupo reducido —Buenos Aires, CABA, Mendoza, Chaco y Catamarca— tiene PASO provinciales propias, y en el caso de Buenos Aires y CABA, ese régimen está legalmente atado a lo que decida el Congreso a nivel nacional. El resto se reparte entre provincias sin ningún mecanismo de primaria (Jujuy, San Luis, Misiones, Formosa, La Rioja, Corrientes, Santiago del Estero) y provincias con instrumentos alternativos a la PASO clásica: ley de lemas (Formosa y San Juan), colectoras habilitadas (Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja, Neuquén y Río Negro, cada una con su propio formato) y sistema de acoples (Tucumán, donde el gobernador Jaldo intentó eliminarlo sin lograr el consenso legislativo necesario).

La siguiente tabla resume el estado de cada jurisdicción, con una columna adicional sobre qué tipo de incentivo desde Nación aparece asociado a cada caso en la cobertura periodística relevada — información parcial y sujeta a que la negociación siga moviéndose en las próximas semanas.

Qué mirar de acá en adelante

Quedan al menos cuatro variables abiertas. Si LLA consigue los 16 senadores adicionales que necesita (sumando gobernadores dialoguistas y bloques provinciales chicos), la eliminación definitiva se vuelve el escenario más probable; si no los consigue, la suspensión por un año adicional —repitiendo la fórmula de 2025— aparece como el desenlace más realista. El texto final del proyecto puede seguir cambiando, dado que ya circuló con modificaciones desde su presentación en abril. El destino de las colectoras, resignadas por ahora, podría reflotar si la negociación con los gobernadores se traba en otros puntos. Y el mapa de desdoblamientos provinciales —hoy con la mayoría de las jurisdicciones optando por separarse del calendario nacional— sigue moviéndose semana a semana, a medida que cada gobernador define su propia estrategia electoral de cara a 2027.

Nota metodológica

Este análisis se elaboró con base en cobertura periodística de medios de distinta línea editorial (La Nación, Infobae, Perfil, Página/12, Ámbito, El Economista, LetraP, Política Argentina, entre otros), fuentes oficiales (Cámara Nacional Electoral, Dirección Nacional Electoral, Senado de la Nación) y trabajos académicos (Scherlis y Tchintian, Gallo, entre otros citados en el cuerpo del texto), con corte al 17 de agosto de 2026. Dado que la negociación política sigue en curso, varios datos —en particular el estado de las negociaciones provincia por provincia— pueden haber cambiado para cuando leas esto.