El proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", enviado por el Poder Ejecutivo, vuelve al recinto del Senado el 6 de agosto, después de al menos tres intentos fallidos de tratamiento desde abril.
El proyecto toca tres frentes distintos: expropiaciones (interpretación restrictiva de "utilidad pública", tope de 90 días para ocupación temporánea anormal, pago íntegro previo a la transferencia), desalojos (agiliza el proceso) y tierras rurales (elimina los límites a la compra extranjera de la Ley 26.737, aunque da a los gobiernos provinciales la potestad de autorizar esas compras).
El Gobierno ya había intentado flexibilizar la ley de tierras por decreto (DNU 70/23), pero una presentación judicial lo frenó y el caso espera definición de la Corte Suprema. El Congreso quedó como la única vía disponible.
Hoy ninguna provincia supera, en conjunto, el 15% de tierra en manos extranjeras, pero más de treinta distritos ya superan ese porcentaje a nivel departamental, y al menos cinco superan la mitad de su territorio.
Si la cláusula de autorización provincial destraba el apoyo de los bloques federales, qué pasa con el capítulo de desalojos, y si el fallo pendiente de la Corte Suprema termina influyendo en la discusión antes de la votación.