Tras 25 años de negociación, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se firmó el 17 de enero de 2026 en Asunción. Apenas cuatro días después, el Parlamento Europeo remitió el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que revise si respeta el reparto de competencias entre Bruselas y los Estados miembros — una moción aprobada por apenas diez votos de diferencia (334 a favor, 324 en contra).
La arquitectura jurídica separa un Acuerdo Comercial Interino, de aplicación más rápida porque solo requiere el visto bueno del Parlamento Europeo, de un Acuerdo de Asociación más amplio que sí necesita la ratificación de los 27 parlamentos nacionales. La parte comercial ya está en aplicación provisional desde el 1° de mayo de 2026, eliminando aranceles sobre el 91% de los bienes intercambiados.
El TJUE inició formalmente la revisión legal el 7 de julio de 2026, y el dictamen recién se espera para el primer trimestre de 2027. La Comisión Europea decidió sostener la aplicación provisional del componente comercial mientras tanto, para que los beneficios económicos ya se sientan sin esperar el desenlace judicial.
La división entre los países europeos es real: Alemania, España y los países nórdicos empujan el acuerdo; Francia, Austria, Países Bajos, Polonia, Irlanda y Hungría lo cuestionan por su impacto ambiental y sanitario, con el sector agrícola francés presionando abiertamente en contra.
Qué concluye el Abogado General del TJUE en sus apreciaciones preliminares de septiembre 2026, si la aplicación provisional cambia la opinión pública en los países más reticentes, y si el proceso de ratificación en los 27 parlamentos arranca en paralelo a la revisión judicial. Según análisis especializados, la arquitectura jurídica y ambiental completa del acuerdo no estaría resuelta antes de 2027.